La Ley de Propiedad Intelectual en Argentina criminaliza las prácticas profesionales de bibliotecarios, docentes, investigadores y estudiantes, que necesitan copiar materiales bajo derecho de autor para cumplir con sus tareas y misiones esenciales: brindar acceso a la información, promover la educación y dar cumplimiento al derecho de libre acceso a la cultura.

La protección de la Ley 11.723 tiene un costo creciente para la ciudadanía y su tasa de beneficio sólo se dirige hacia un sector muy específico: las grandes industrias culturales concentradas, en su mayoría de capital transnacional. Así, la norma legal desconoce las necesidades y los medios de supervivencia de los pequeños y medianos emprendedores culturales, a la par que criminaliza, cada vez más, a toda la ciudadanía.

Históricamente, las leyes de propiedad intelectual tuvieron como objetivo promover la creación de obras para ponerlas a disposición pública. La era digital impone además una agenda de debates todavía más compleja, cuando la ciudadanía cuenta con equipamiento que permite copiar, distribuir y producir cultura de formas antes impensadas. Las nuevas formas culturales del siglo XXI están reguladas, restringidas y en muchos casos ilegalizadas por leyes pensadas para modelos culturales del siglo XIX.

Es claro que hoy en día, las leyes vigentes necesitan una revisión integral, que involucre a sectores largamente ignorados en la discusión legislativa: la ciudadanía en su conjunto, las universidades, las bibliotecas, las instituciones educativas.